Morelia, Mich. | Agencia ACG.– Integrantes de la Comuna Cultural, Popular y Universitaria “Felipe Carrillo Puerto” denunciaron incertidumbre ante la posible desincorporación del inmueble donde operan desde 1991, luego de que el Congreso del Estado incluyera el predio dentro de un paquete de bienes inmuebles del gobierno estatal.

La información fue dada a conocer durante una reunión con medios al interior del propio centro cultural, en una sala de techo de lámina, con pintura desgastada, paredes inclinadas, cuadros empolvados y muebles antiguos, un espacio que, pese a las condiciones, funciona como punto de encuentro para diversas organizaciones sociales y culturales.

El profesor Marcial Rodríguez Martínez, uno de los participantes históricos del proyecto, señaló que el inmueble ubicado en Luis Moya 175 fue entregado hace décadas en comodato a organizaciones universitarias y sociales, luego de que el grupo dejara otro espacio frente al Colegio de San Nicolás.

“Tenemos más de 35 años trabajando en este campo y el año pasado Patrimonio del Estado firmó un documento donde reconoce nuestra posesión”, afirmó.

Durante el encuentro, los integrantes rechazaron los señalamientos de algunos diputados que han referido que el lugar se encuentra abandonado. Aseguraron que en el sitio operan alrededor de 25 colectivos que realizan talleres de arte, cine, literatura, teatro y escultura, además de actividades comunitarias, reuniones de organizaciones sociales y un tianguis cultural que se realiza de manera periódica.

“Tenemos todo documentado, cada actividad y cada solicitud que llega a este espacio”, señalaron, al tiempo que recordaron que el centro también ha servido para resguardar archivos históricos de organizaciones campesinas y cooperativas de la Meseta Purépecha, así como para encuentros de académicos, migrantes y brigadistas ambientales.

Los colectivos indicaron que, de concretarse la desincorporación del inmueble, buscarán abrir diálogo con las autoridades estatales y explorar vías legales para defender su permanencia en el lugar, al considerar que el centro cultural cumple una función social al ofrecer actividades gratuitas o de cooperación voluntaria para la población.

Asimismo, advirtieron que continuarán con sus actividades y no descartan movilizaciones o acciones legales si se confirma una eventual pérdida del espacio, al sostener que el inmueble ha sido construido y mantenido con el trabajo de organizaciones sociales, artistas y voluntarios durante más de tres décadas.