El Congreso de Michoacán solicitará al IEM realizar la consulta sobre la Ley de Educación en comunidades indígenas y personas con discapacidad.
Morelia, Michoacán.- El Congreso local pedirá al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), realice la consulta sobre la Ley de Educación del Estado en materia indígena y de inclusión que le fue mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace más de tres años.
Ayer el Pleno del Congreso aprobó la conformación de una Comisión que dará seguimiento a este asunto, ello luego que en la pasada Legislatura local se pretendiera lucrar con el tema, aprobando recursos de los que nunca se supo que fin tuvieron.
En entrevista la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano, apuntó que no es estrictamente necesario dedicar recursos desde el Congreso a este caso.
“Estamos cumpliendo con un mandato de la Suprema Corte para que se realice la consulta en pueblos y comunidades indígenas sobre el tema educativo. El acuerdo es pedirle al Instituto Electoral vía convenio, que realice esta consulta. Entonces vamos a hablar con ellos para hacer la comisión, para detallar la metodología, para ver el tamaño de la muestra, para definir los tiempos de la investigación, para dar los resultados, etcétera”.
La legisladora reconoció desconocer si en la pasada Legislatura se etiquetaron recursos para el tema de las consulta, y estimó que no debe ser onerosa su realización.
Cabe recordar que en mayo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar de la Ley de Educación aprobada por el Congreso en 2020, particularmente el Capítulo VI correspondiente a la Educación Indígena, y el Capítulo IX correspondiente a la Educación Inclusiva y Educación Especial por haber incumplido el mandato constitucional de consultar a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad.
Además, en la referida norma se optó por condicionar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, a la suficiencia presupuestal del Estado, por ello las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de las tales disposiciones.
El Congreso incurrió en desacato al no efectuar la consulta en el plazo de un año que le dio la Corte, y ha venido presentando una serie de informes para argumentar que está en proceso de cumplimiento.
En la pasada legislatura en la pasada legislatura el tema abrió la puerta para que se buscara lucrar con el tema, fundamentalmente por parte del Partido del Trabajo que presidía las comisiones de Educación y de Derechos Indígenas, por lo que consideró tener mano sobre el dinero que la Cámara autorizó para dar cumplimiento al asunto (10 millones en 2023 y 7 millones en 2024), para lo que promovió la contratación de una firma fachada para allegarse del recurso, se trataba de una consultoría de contadores públicos llamada Casavi, domiciliada en una casa de interés social en Oaxaca.
Finalmente en la Cámara se metió freno al asunto cuando Laura Ivonne Pantoja Abascal presidió la Mesa Directiva en la recta final de la pasada Legislatura, por lo que el tema fue heredado a los actuales diputados que, finalmente esta semana tomaron cartas al respecto.
El Pleno aprobó ayer la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado, misma que quedó integrada por los diputados Eréndira Isauro Hernández, Fabiola Alanís Sámano, Carlos Bautista Tafolla y Antonio Carreño Sosa.
