Rubén Moreira Valdez

El crimen es una economía paralela que genera ingresos reales, empleo real y circulación real de dinero. El Global Peace Index 2024 del Institute for Economics & Peace calcula que el impacto económico de la violencia a nivel mundial asciende a 19.97 billones de dólares, equivalente al 11.6 % del PIB global. Esa cifra no significa que todo sea narcotráfico, pero sí dimensiona el tamaño de la economía asociada a la criminalidad. Para comparar: la fortuna de Elon Musk, según The World´s Real-Time Billionaires de Forbes, ronda los 841 mil millones de dólares. Es decir, el impacto económico anual de la violencia global equivale a casi 23.75 veces la fortuna del hombre más rico del mundo.

Si aislamos el crimen organizado transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el lavado de dinero representa entre el 2 por ciento y 5 por ciento del PIB mundial, lo que equivale a entre 800 mil millones y 2 billones de dólares anuales. No es una cifra marginal: es una masa financiera similar al PIB de economías medianas del G20. A nivel regional, el BID y el FMI han calculado que la violencia le cuesta a América Latina alrededor del 3.4 por ciento de su PIB. No hablamos de “daños colaterales”: se trata de una estructura económica incrustada en el sistema productivo.

Además, el crimen organizado emplea. Un estudio publicado en la revista Science (2023) estima que los cárteles en México empleaban aproximadamente 175,000 personas, lo que los colocaría entre los mayores empleadores del país. Una investigación realizada por periodistas nacionales sobre la “narconómina” del CJNG documenta pagos mensuales de 25 mil pesos a comandantes, 20 mil a sicarios y 12 mil a halcones, además de gastos operativos cubiertos por la organización. La pregunta no es moral: es económica. ¿Puede el Estado competir en ingreso, estabilidad y expectativas contra el crimen organizado?

Frente a esta realidad económica, la discusión no puede limitarse a si se combate más o menos al narco con fuerza pública. También es una disputa por el mercado laboral. En el debate presupuestal reciente, el PRI ha planteado alternativas como programas de primer empleo, incentivos fiscales para la contratación formal, estrategias para reducir la informalidad, apoyos dirigidos a micro y pequeñas empresas, así como mejores salarios y jornadas laborales más cortas. La lógica es clara: si el crimen organizado ocupa un espacio económico porque paga, emplea y ofrece movilidad inmediata —aunque violenta y efímera—, el Estado debe competir en el mismo terreno, no solo en el policiaco.

Arrebatarle al narco su papel como agente económico dominante implica ofrecer ingresos legales suficientes, educación de calidad y expectativas de ascenso social. La pregunta de fondo no es si hay recursos, sino si existe voluntad política para disputar ese mercado que hoy, en demasiadas regiones del país, controla la economía criminal.

No olvidemos que el motor del narcotráfico es la demanda y la capacidad de adquisición de los productos.