La muerte de una bebé al interior del Hospital Materno Infantil de Reynosa ha puesto en el centro del debate nacional la calidad de los protocolos obstétricos en unidades públicas. El caso, denunciado públicamente por Laura Ramírez, madre de la menor, ha sido señalado como una posible consecuencia de decisiones médicas erróneas durante un parto de alto riesgo.

De acuerdo con el testimonio de la joven madre, ingresó al hospital con presión alta y bajo monitoreo, sin embargo, tras un cambio de turno, la atención cambió drásticamente: se alteró el diagnóstico inicial y se le negó la cesárea pese a los indicios de preeclampsia severa, una condición que suele requerir intervención quirúrgica urgente.

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El caso, que aún está bajo revisión, ha despertado reacciones en organizaciones de defensa de derechos humanos y salud reproductiva, quienes afirman que la saturación del sistema, la falta de protocolos claros y la escasez de personal especializado en turnos nocturnos representan una amenaza constante para madres y recién nacidos.

“No estamos frente a un hecho aislado, sino ante una muestra de cómo las decisiones clínicas se ven condicionadas por contextos institucionales, recursos limitados y criterios subjetivos que, en muchos casos, ponen en riesgo la vida”, señaló la doctora Mariela Zavala, especialista en salud materna del Observatorio de Derechos Reproductivos.

El caso de Valeria, se suma a otros episodios similares en hospitales de la región norte del país, donde la mortalidad perinatal ha ido en aumento. En respuesta a la indignación ciudadana, el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, visitó personalmente el hospital, en un acto que buscó reforzar la vigilancia institucional.

La visita incluyó una revisión directa de las instalaciones y de los protocolos en sala de parto, pero hasta ahora no se han dado a conocer resultados ni medidas disciplinarias.

Colectivos feministas y grupos de madres han convocado a una jornada de protesta para exigir no solo justicia para el caso de Valeria, sino una revisión profunda del sistema de salud que permita priorizar la vida y dignidad de mujeres embarazadas, con decisiones médicas guiadas por evidencia, no por limitaciones presupuestales.

La familia ya ha iniciado el proceso para presentar una denuncia formal ante las autoridades. Mientras tanto, el dolor de una madre y el silencio administrativo dejan en evidencia una realidad que muchas mujeres viven: parir en México, todavía, puede ser una cuestión de suerte.

Fuente: Milenio