Morelia, Mich. | Humberto Castillo Mercado/ACG.- El Tribunal de Disciplina Judicial sufrió un revés luego de que un juez federal concediera el amparo a un juzgador que impugnó las medidas dictadas en su contra, al considerar que durante el procedimiento disciplinario se cometieron diversas violaciones procesales que vulneraron sus derechos fundamentales.

La resolución obliga a la autoridad responsable a dejar sin efectos los actos reclamados y restituir al quejoso en la situación jurídica que guardaba antes de las determinaciones impugnadas.

La sentencia resulta relevante para el nuevo órgano encargado de la disciplina judicial, pues el juzgado federal concluyó que el procedimiento no respetó las formalidades esenciales del debido proceso, motivo por el cual concedió la protección de la justicia federal. Con ello, el Tribunal de Disciplina Judicial deberá atender las irregularidades advertidas y cumplir con los términos de la resolución emitida.

Entre los efectos del fallo se encuentra la restitución del juez en el cargo del que fue separado, por lo que deberá reincorporarse al juzgado donde desempeñaba sus funciones antes de la resolución impugnada.

La sentencia también ordena que se le reconozcan sus derechos laborales y administrativos en los términos establecidos por la resolución.

Asimismo, la autoridad responsable deberá cubrir las percepciones económicas que el juzgador dejó de recibir durante el tiempo que permaneció separado de sus funciones, conforme a los alcances establecidos en la resolución de amparo.

Especialistas consultados consideran que esta resolución podría resultar relevante para los procedimientos que en adelante tramite el Tribunal de Disciplina Judicial, al señalar que las facultades disciplinarias deben ejercerse con apego a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y debido proceso. De lo contrario, sus determinaciones pueden ser revisadas por la justicia federal.

Con este fallo, el Tribunal de Disciplina Judicial queda obligado a cumplir la sentencia de amparo y restituir al juzgador en los términos ordenados por la autoridad federal, así como a atender las consecuencias laborales y económicas establecidas en la resolución.