La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso contra servidores públicos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán.- Luego de algunas protestas para pedir la liberación de los cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Chavinda, detenidos por portación de armas droga y equipo táctico, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que espera que no se liberen, tal como ocurrió con los 11 policías de Ecuandureo.
Señaló que no quieren impunidad y que el hecho de que haya manifestaciones marca que hay presencia de grupos delictivos.
“Es lo que se les llama la base social del narco y confirma que hay ahí mucho más que investigar, como dijo el fiscal”, dijo el mandatario.
Agregó que habló con el fiscal sobre el caso de Chavinda, para evitar “lo que ocurrió con la liberación de los 11 policías fue verdaderamente terrible, hice llegar mi protesta al Poder Judicial del Estado porque no fueron electos para seguir con las mismas tropelías”.
El gobernador confirmó que son 20 municipios los que investiga la Fiscalía General del Estado.
Cabe recordar que fue el pasado 19 de marzo cuando en un operativo de alto impacto derivado de labores de inteligencia, autoridades estatales y federales detuvieron a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Chavinda, entre ellos una síndica, dos regidores y dos mandos de seguridad pública, en posesión de armas, droga y equipo táctico, lo que apunta a una presunta infiltración del crimen en la administración municipal.
Entre los detenidos se encuentran Ana Laura “N”, síndica municipal; Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico; Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación; César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal y Juan Carlos J., de 47 Director de Seguridad Pública Municipal.
Fue el 27 de marzo cando la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso contra servidores públicos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.