El Congreso mexicano ha dado un paso decisivo en su lucha contra los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo al aprobar una modificación a la Ley General de Salud que impone sanciones severas para quienes comercialicen estos productos en el país.  

La mayoría de los legisladores del Senado respaldó la reforma, que ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor: esta nueva normativa prohíbe la producción, importación, transporte con fines comerciales, distribución y venta de vapeadores y dispositivos análogos.  

Quienes participen en actividades relacionadas con estos aparatos podrían enfrentar penas de prisión de entre uno y ocho años, además de multas que pueden alcanzar hasta el equivalente de 2,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 226 mil pesos.  

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A diferencia de versiones anteriores del proyecto, la legislación no contempla sanciones para quienes posean o consuman estos dispositivos con fines personales, las penas se enfocan específicamente en actores dentro de la cadena comercial.  

Autoridades que impulsaron la iniciativa destacan que la medida responde a preocupaciones de salud pública, especialmente entre adolescentes y jóvenes, quienes han sido los principales usuarios de los productos de vapeo: legisladores oficialistas argumentan que estos dispositivos no son inocuos y pueden contribuir a problemas respiratorios y adicción.  

Sin embargo, algunos grupos de oposición han manifestado su desacuerdo, señalando que la prohibición podría incentivar la expansión del mercado informal y la actividad de redes clandestinas que operan fuera de la regulación.  

Organizaciones civiles y expertos en salud pública seguirán vigilando la implementación de esta reforma, anticipando posibles efectos tanto en la protección sanitaria como en la dinámica comercial del país.

Fuente: Excelsior