Morelia, Michoacán, 01 de agosto del 2025.- La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea, advirtió que Michoacán carece de un diagnóstico integral sobre la situación de las mujeres y los niños jornaleros agrícolas, a pesar de que se trata de una de las poblaciones más vulnerables y marginadas del estado.

La legisladora informó que será a través de su tesis doctoral que comenzará un proceso de recolección de datos e investigación que permita visibilizar y atender este problema estructural.

“Fíjate que ahorita como tal no existe una [estadística]. De hecho, gracias a la tesis yo voy a empezar a hacer este tipo [de investigación] a través de algunos mecanismos… para poder buscar ese diagnóstico”, explicó.

La legisladora recordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó en 2024 un informe sobre mujeres y niños jornaleros, que se encuentra disponible en su portal, pero señaló que hace falta actualizarlo y complementarlo.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Michoacán hizo un informe en 2024. Ellos ya tienen un diagnóstico, pero como te digo, gracias al trabajo de investigación que yo voy a hacer, quizá podremos actualizar esta parte”, apuntó.

Detalló que esta población migrante no solo proviene de estados del sur del país como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, sino que también incluye a personas de comunidades locales que se desplazan dentro del estado en busca de trabajo agrícola.

“Hay jornaleros o jornaleras en diferentes municipios del estado; algunos vienen del sur del país, pero otros vienen de los propios municipios. En el caso, por ejemplo, de Yurécuaro, Tanhuato, algunos son de la Meseta Purépecha, algunos de los once pueblos”, explicó.

Al establecerse en Michoacán, estas personas son ya consideradas población residente, lo que implica obligaciones estatales en materia de derechos sociales, laborales y humanos.

“Al momento que ellos residen en el estado, pues también ya son michoacanos”, afirmó.

Finalmente, remarcó que trabajará desde el Congreso del Estado en acciones legislativas que articulen políticas públicas con enfoque transversal y de derechos humanos para esta población, como parte de un nuevo marco normativo que incluirá el concepto de “perspectiva de infancia” con implicaciones presupuestarias.