Los nombramientos de notarios en Michoacán carecen de validez jurídica debido a la falta de publicación oficial en el Periódico Estatal.
Morelia, Michoacán.- La presunta designación del fiscal general Adrián López Solís como notario público no tiene ningún sustento legal verificable, ya que no existe publicación oficial que avale su nombramiento ni el de otros funcionarios, por lo que se presume un posible uso político del caso.
Derivado de una revisión realizada ayer por el medio informativo Postdata, en las instalaciones del , se confirma la ausencia de cualquier acuerdo o decreto relacionado con el nombramiento de Adrián López Solís como notario.
Personal del archivo confirmó que no han recibido ningún documento para su publicación ni cuentan con versiones impresas o digitales que acrediten esa supuesta designación.
Uso político del tema
El caso ha generado inquietud por el posible uso político del tema, toda vez que, sin publicación oficial en el Periódico, cualquier nombramiento carece de fuerza jurídica y no puede surtir efectos legales.
Esto aplica tanto para el fiscal como para los otros casos señalados: Nicolás Maldonado Millán, coordinador de la Fiscalía, y Teresa Ruiz Valencia, exesposa de López Solís, quienes presuntamente fueron designados como notarios en Uruapan y Zitácuaro, respectivamente.
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, difundió imágenes en redes sociales sobre una ceremonia de toma de protesta de nuevos notarios, en la que aparecen al menos 15 personas.
Sin vacantes justificadas
Sin embargo, el Periódico Oficial no ha dado a conocer ninguna convocatoria previa para examen de oposición, ni los resultados correspondientes, lo cual vulnera los principios de legalidad y transparencia que deben regir este tipo de procesos.
Más aún, según el histórico de publicaciones del propio órgano estatal, solo existen dos vacantes justificadas en lo que va del año, ambas por fallecimiento: la notaría 6 en Uruapan y la 68 en Tlalpujahua.
El resto de movimientos oficiales incluyen cambios administrativos como licencias, ceses por renuncia voluntaria y cambios de domicilio.
En términos jurídicos, la falta de publicación oficial invalida el nombramiento, ya que el Periódico Oficial es el único instrumento que otorga certeza legal a los actos del Poder Ejecutivo.
