El acoso judicial a periodistas en México alcanza cifras récord en 2025, afectando la libertad de expresión y el derecho a la información.
Entre enero y julio de 2025, se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas en México, estableciendo un récord en comparación con años anteriores, según el informe de
En el reporte titulado ‘Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, se destaca un incremento en el uso de demandas legales para restringir la labor periodística y el derecho a la información.
Se documentaron casos que afectaron a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios en 17 estados, siendo Veracruz, Ciudad de México y Jalisco los más afectados. En promedio, se inició un proceso judicial o administrativo cada cuatro días, lo que refleja un uso intensificado de la legislación como herramienta de presión y censura contra la prensa.
“Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, enfatizó el informe.
El abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG) fue resaltado, ya que se ha utilizado para restringir el debate público y eliminar publicaciones críticas.
La vía electoral fue la más utilizada, acumulando 26 de los 51 casos (50.98%), seguida por la penal con 14 casos (27.45%), y la civil con 11 casos (21.57%). Ningún caso se tramitó por la vía administrativa durante el periodo analizado.
Ejemplos destacados incluyen el caso de la periodista Lourdes Mendoza, demandada por daño moral por Adrián Rubalcava. Mendoza enfrentó un interrogatorio de tres horas y desplegó una defensa activa en redes sociales y medios.
Artículo 19 advierte que el acoso judicial actúa como un método de desgaste económico y emocional para periodistas y medios, obligando al retiro de información y enviando un mensaje de advertencia a quienes ejercen la labor informativa.
El documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que los litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, “socavan una amplia gama de derechos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, y el derecho a la participación pública”.
40 casos documentados en 2021
En 2025, se superó el récord de 40 casos documentados en 2021. Un patrón identificado es el forum shopping, donde un denunciante promueve procesos en diferentes instancias legales.
La periodista Karla Estrella, en Sonora, fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por publicar un tuit crítico sobre la diputada Diana Karina Barreras, resultando en una multa, una disculpa pública de treinta días, un curso de reeducación y su inscripción en el sistema de infractores electorales.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, instó a sus colaboradores a iniciar procesos legales contra comunicadores, afirmando que “Quien se crea lastimado en su prestigio puede hacer la demanda necesaria”.
De los 51 casos reportados, 23 (45.10%) fueron impulsados por funcionarios públicos, 18 (35.29%) por particulares y 10 (19.61%) por partidos políticos o candidaturas. El 60.87% de estos actores opera en el ámbito estatal.
Casos recientes
Casos recientes como el del periodista Jorge Luis González en Campeche, quien enfrenta procesos penales, civiles y de VPEG promovidos por el equipo de la gobernadora Layda Sansores, ejemplifican los riesgos de la sobre judicialización de la prensa.
Las autoridades locales han impuesto medidas cautelares, como la revisión previa de sus publicaciones por parte de un interventor.
La editorial Penguin Random House y el columnista Hernán Gómez también fueron demandados tras la publicación del libro “Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T”.
Artículo 19 considera estos litigios como parte de una tendencia de censura judicial, destacando actos de censura en medios como el retiro ordenado por el INE de un video de Sin Embargo por mencionar vínculos familiares de una candidata a la SCJN.
Héctor de Mauleón y El Universal también recibieron medidas cautelares por columnas que revelaban supuestas conexiones de una candidata con redes de evasión de impuestos.
El informe subraya la importancia de los estándares internacionales y nacionales que protegen la libertad de expresión.
“Todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión”, señala el documento, insistiendo en que la eliminación de contenido perjudica el derecho ciudadano a informarse y dialogar en una sociedad abierta.
La organización advierte que la reforma judicial podría intensificar la presión contra la prensa y solicita al Congreso modificar leyes para evitar el uso de delitos contra el honor como recurso represivo.
Según Artículo 19, el acoso judicial se está consolidando en México como método de censura, afectando directamente a la prensa y el acceso a información y al debate público.
