Por favorecer intereses privados, organizaciones sociales cuestionan las reformas federales en materia de agua que promueve Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán.- Organizaciones sociales cuestionaron este miércoles las reformas federales que se plantean en materia de agua, por considerar que no resuelven la problemática en la materia, y por el contrario, favorecen intereses privados.

Integrantes del Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM), el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, la Contraloría Autónoma del Agua de Morelia, y Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS) de Michoacán, en rueda de prensa se posicionaron en torno a las reformas federales que se proyectan, así como de la situación que priva en San Miguel del Monte en la capital del estado.

Sobre la comunidad pirinda ubicada en el municipio de Morelia, destacaron que la problemática que enfrenta trasciende una disputa local por agua, pues representa la lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios como protectores naturales de las fuentes hídricas, así como la prueba definitiva para cualquier reforma hídrica que se pretenda transformadora.

Reformas a la Ley de Aguas Nacionales

Cabe apuntar que el pasado primero de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo turnó al Congreso federal una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, argumentando que con ello se “devolverá el agua como recurso de la nación y que su acceso sea un derecho”.

Pero las organizaciones, tras el análisis de la propuesta, consideran que es contraria a lo que se señala en el discurso.

“El planteamiento de dos leyes de agua es una trampa. La nueva Ley General supuestamente garantizaría el derecho humano al agua para uso doméstico y personal, sin afectar las concesiones y acaparamiento del agua, y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales esencialmente no afecta la visión del agua como mercancía y afianza los derechos y concesiones particulares de agua, al señalar que no serán afectadas”, alertaron en un posicionamiento al que dieron lectura durante la rueda de prensa.

Algunos de los contenidos que las organizaciones cuestionan de las referidas reformas, es que no combaten “a los peces grandes o millonarios del agua”, a los que aunque las concesiones les hayan sido otorgadas de manera legal, su distribución es injusta, privilegiándolos por sobre los pueblos.

“La reforma no establece mecanismos efectivos para redistribuir el agua concentrada en pocas manos o para auditar las concesiones irregulares y existentes, con lo que se violará de forma permanente el derecho humano al agua y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades.”

Apuntan que con las modificaciones legales se centraliza el registro de derechos de agua.

“Lejos de democratizar la gestión del agua, la iniciativa fortalece el control federal sobre el registro de derechos de agua en la Conagua (Comisión Nacional del Agua), una de las instituciones más corruptas del país, debilitando la autonomía local y comunitaria.”

Sostienen que en la propuesta presidencial se desconocen los derechos comunitarios, pues no garantiza plenamente el ejercicio de sus sistemas que, en la práctica, se topan con la cerrazón o corrupción de funcionarios de la Conagua, y como ejemplo ponen al delegado de la dependencia en Michoacán, Roberto Arias:

“… quien condiciona el ejercicio de este derecho a que la comunidad se constituya como autogobierno indígena.”

Por ello exigieron que solamente haya una ley del agua como lo establece la Constitución de la República, y como en su momento lo mandató el Congreso federal.

Por lo que toca a San Miguel del Monte, refirieron que sus habitantes son guardianes ancestrales del agua que abastece a la ciudad de Morelia, desarrollando su propio sistema tradicional de abastecimiento que se apoya en el cuidado de los bosques y aguas.

“De los manantiales de San Miguel surge el Río Chiquito y se deriva el canal de San Miguel que abasteció históricamente al acueducto desde la colonia al porfiriato. Hoy día el canal sigue alimentando a la ciudad a través de una red de agua del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).”

Refirieron que desde febrero de 2023, la Conagua otorgó de manera ilegal una concesión de manantial La Mina ubicado en San Miguel del Monte, afectando el abastecimiento de agua de la población urbana y rural y:

“… violando el derecho humano al agua para favorecer intereses privados que tenían como objetivo lucrar con el agua a través de su venta en camiones pipa aprovechando la sed de la ciudad.”

De acuerdo con las organizaciones, la comercializadora Bicenternario:

“… empresa privada con socios ligados al PRI y a los intereses inmobiliarios, logró apropiarse de forma ilegal de todo el manantial y destruyó la infraestructura y despojó de sus aguas al pueblo, ranchos y barrios, cuando únicamente tenían concesionado un pequeño volumen de agua de 25,000 metros cúbicos.

En tanto, la Conagua se hace de la vista gorda y permite el saqueo de agua, en todo lo que va del año van más de 3,000 viajes de camiones pipa para su venta en la ciudad, rebasando el volumen concesionado por año en más de 5,000 metros cúbicos.”