Editorial

En el caso del feminicidio de la joven Jessica González Villaseñor, esperemos que la ratificación judicial de la sentencia de 50 años de su victimario Diego Urik sea el inicio de una constante en la impartición de justicia del territorio michoacano, no más concesiones.

No, no hay nada seguro que sea así, pero demos el beneficio de la duda a un nuevo poder judicial del estado que pese su toga guinda, a sus jueces y magistrados más que imberbes, tiene el compromiso de ser mejor que su antecesor, en los hechos, no en declaraciones escritas u orales.

Más allá de que se vea obvia, dado su contexto, de no situarse la ratificación de esa sentencia seguiría el caso transitando por sinuosos caminos, sobre todo porque no ha sido menor su impacto tanto social y mediático como jurídico, provocando un indispensable respiro para los involucrados.

Sí, es un caso cerrado, jurídicamente hablando, pero cómo olvidar que la terquedad de los familiares de la víctima impidió la impunidad en cualquiera de sus manifestantes y en ello convertir su lucha con cientos de solidarios, en una creciente resistencia de un gran parte de la sociedad civil.

Hoy en día, Michoacán enfrenta una elevada percepción de inseguridad, en donde la violencia de género no ha sido menor, en la cual se sigue arrastrando la incredulidad en la procuración y en la impartición de justicia, una cuestión que no desaparece con simples relevos, con discursos.

Por eso, los habitantes de la entidad requieren garantías en los tres ámbitos señalados, en seguridad, procuración e impartición de justicia, porque, como se ha visto, a diferencia de antes sectores de la sociedad reclaman esos derechos y ya no solamente gritando…