Editorial
A propósito de la reforma electoral que se discute en la capital del país, en donde hay un intenso debate sobre si deben permanecer o no los diputados de representación proporcional o plurinominales, vayamos haciendo un simple ejercicio en base a la conformación de los integrantes de los grupos existentes en actual Congreso del Estado de Michoacán:
Como se ha establecido, derivado de los resultados electorales del 2024, en la entidad hay un total de 40 legisladores locales: 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, de los cuales Morena y sus aliados electorales PVEM y PT poseen una amplia y desahogada mayoría, dejando prácticamente a la oposición sin incidencia en los trabajos de dicho poder.
Ahora, bajo el supuesto que solo existieran los 24 diputados locales de mayoría relativa y estuvieran fuera los 16 de representación proporcional o plurinominales, veríamos un Congreso de Michoacán con un solo portavoz de un instituto político realmente opositor, el cual sería el PAN, claro, aparte de los independientes, aunque uno determinó deslindarse y tomar otro camino.
Es decir, si no existieran los legisladores locales de representación proporcional o plurinominales en el Congreso de Michoacán, no harían presencia el PRI, PRD y MC. Una situación de ese calibre, el dominio de una fuerza política, aderezada por sus aliados, nos encaminaría hacia una dictadura legislativa de mayoría, sin necesidad de acordar nada con nadie, solo entre ellos.
Hasta el momento, con la inclusión de diputados locales de representación proporcional o plurinominales -presencia de la minoría-, se da paso a que las voces críticas de la sociedad sean escuchadas y contrapeso tanto al interior como al exterior del propio Congreso; además, los trabajos congresistas son mejores, más sólidos, en muchos casos conjugando lo técnico con lo político.
En contra parte, de acuerdo a determinadas voces de morenistas, aparte de la pretensión de dejar atrás la influencia o compadrazgo de liderazgos partidistas en la elección de perfiles, la eliminación de esos representantes populares tendría tres objetivos: elección por voto directo, reducción de la burocracia legislativa, ahorro significativo en el erario público y la agilización de acuerdos.
