Editorial
No, nada justifica que los integrantes del denominado Consejo Supremo Indígena de Michoacán hayan bloqueado más de media decena de carreteras del territorio estatal, dejando prácticamente inertes, aparte de la movilidad de todo tipo de gente -desde la que se tralada en vehículos de automotres hasta la de a pie-, las actividades productivas de las regiones afectadas, ni que decir del transporte de carga de ida y vuelta al puerto de Lázaro Cárdenas.
La organización social enarbola un paquete de demandas tutifruti, de todo un poco, algunas demasiadas generales, incluso de presunción, otras con razones fundamentadas, más locales, más focalizadas, entre ellas, el respeto a los derechos de autonomía y al presupuesto directo de dos comunidades: Opopeo y El Calvario; mayo seguridad pública y situar altos a la impunidad en al menos 70 casos de autoridades comunales y compañeros ultimados, y a la discriminación.
En lo general, podemos entender, sobre todo en sus demandas de autonomía y de justicia, la existencia de un razonamiento ético y legal, en donde se da la justicación bajo el marco jurídico correspondiente, pero, en contraparte, para presiones respuestas gubernamentales, implementa movilizaciones, léase bloqueos carreteros, entre otras, afectando a terceros, tratándose de dar golpes de pecho al considerar eso como daños colaterales, desgranando respaldo, la aprobación, la simpatía social.
Y, en este caso, dónde quedan las autoridades de los tres niveles de Gobierno. bueno, habrá qué escudriñar, en primer lugar si están dispuestas a escuchar las peticiones planteadas por el citado Consejo Supremo; en segundo, si ponderan cuáles son de sus respectivas competencias; en tercero si tienen voluntad política y capacidad objetiva de respuesta; y, en cuarto si van resolviéndolas conforme a la urgencia de cada una de ellas y, en caso contrario, si interponen sus quejas.
En resumen, el representante parte de las comunidades originarias del territorio michoacacano, alrededor de 80, ek Consejo Supemo Indígena de Michoacán da paso a sus acciones de presión por supuesta omisión y/o lentitud de las autoridades y ahí, como lo señala, como lo justifica, la propia organización con sus movilizaciones, podemos decir de forma simplista, de manera ramplona que, en su caso, sufre los daños colaterales de las instituciones; si, una postura muy superficial, ingenua.