De todas las figuras públicas de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue capaz de establecer con claridad el sentir por el caso de la muerte de la familia de la comunidad sorda del estado, de Ana Víctor y su pequeña hija.

Resalta lo que la mayoría de la sociedad no podemos negar: una situación lamentable, cobarde, atroz, despreciable, estremecedora y un agravio hacia la sociedad; una postura, en donde habló de colaborar para hacer justicia.

Un asesinato que, por sus características, como ente social, no debemos pasar por alto; los hechos se deben esclarecer, capturar a los ejecutantes y castigarlos conforme al marco jurídico correspondiente, aunque eso no baste.

El Congreso del Estado de Michoacán también ponderó el caso, condenándolo y expresas su senda solidaridad con las familias de las víctimas, quienes trabajaban como intérpretes de señas, así como clamar porque no haya impunidad.

Sin embargo, como era de esperarse hubo voces politizando la ocasión, pero no solo de la oposición de Morena que ostenta el Gobierno de Michoacán y la mayoría congresista local, sino al interior del instituto político guinda.