Baja California, a 5 de enero de 2026.- La ola de escándalos que sacude al círculo cercano de Morena llega a Baja California, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) indaga a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos delitos de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.

La mandataria estatal confirmó públicamente esta semana que la investigación existe desde hace tiempo y expresó su confianza en la FGR para esclarecer los hechos.

“Es un tema que ya tiene rato”, declaró, al tiempo que reiteró que se divorció de Torres el pasado 24 de noviembre de 2025. Sin embargo, varias de las imputaciones señaladas habrían ocurrido durante el periodo en que ambos estuvieron casados, lo que complica el panorama y alimenta cuestionamientos sobre conocimiento o beneficio previo.

De acuerdo con reportes periodísticos y la carpeta de investigación, Torres habría recibido sobornos millonarios —hasta 150 mil dólares mensuales— a cambio de permitir operaciones de la facción “Los Rusos”, ligada al Cártel de Sinaloa, en la entidad.

El exfuncionario honorífico del gobierno bajacaliforniano es acusado de formar parte de una red dedicada a extorsionar, detener mercancías y exigir pagos para facilitar actividades ilícitas.

El caso ha escalado hasta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en donde su presidenta, Vania Pérez Morales, pidió públicamente que Marina del Pilar se separe temporalmente del cargo para garantizar transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana en la indagatoria.

Aunque el Comité de Participación Ciudadana del SNA se deslindó rápidamente, aclarando que se trató de una opinión personal, el llamado ya generó fuerte ruido político.

Con la gubernatura de Baja California en juego para renovarse en 2027, el asunto se ha convertido en un tema electoral de alto voltaje.

Voces opositoras y analistas exigen respuestas rápidas y contundentes de la