Horacio Erik Avilés Martínez colaborador de La Voz de Michoacán

Una preocupación emergente que ya se observa en otros estados y en otros trámites gubernamentales es el potencial surgimiento de "coyotes digitales", personas que ofrecen sus servicios para realizar el trámite en línea a cambio de un pago. En comunidades con baja alfabetización digital, estos intermediarios encuentran un nicho de mercado lucrativo. Familias desesperadas por asegurar un lugar para sus hijos, que no saben cómo usar la computadora o que no tienen acceso a Internet, terminan pagando sumas que para ellos son significativas a cambio de algo que debería ser un servicio público gratuito.

Para prevenir este tipo de intermediarismo, la SEE debe establecer módulos de apoyo presencial gratuitos en todas las regiones del estado, especialmente en aquellas con menores índices de conectividad. Es necesario capacitar a personal de las escuelas para asistir a las familias en el proceso, que directores y maestros se conviertan en facilitadores digitales para sus comunidades. Se deben crear tutoriales en video accesibles, idealmente en lenguas originarias. Es fundamental garantizar que las escuelas con baja demanda, particularmente en zonas rurales, no requieran cita digital obligatoria, permitiendo que el proceso presencial tradicional coexista con el digital, con sanciones para quienes lucren con el proceso.

Para que este avance tecnológico se traduzca en un verdadero ejercicio del derecho a la educación, es necesario implementar un sistema híbrido universal que mantenga opciones presenciales en todas las escuelas para quienes no puedan acceder al sistema digital, que establezca módulos de apoyo en bibliotecas públicas, centros comunitarios y oficinas municipales donde las familias puedan recibir asistencia gratuita, y que capacite a personal de apoyo en cada región para facilitar el proceso digital sin intermediarismo lucrativo.

Además, es indispensable crear lo que podríamos llamar un "Clasómetro" Digital, una plataforma de transparencia educativa que integre las preinscripciones con información en tiempo real sobre la disponibilidad de lugares por escuela, la infraestructura y recursos de cada plantel, los indicadores de aprendizaje que muestren qué tanto aprenden realmente los estudiantes, los días efectivos de clase frente a los suspendidos, y las incidencias reportadas. Esta información permitiría a las familias tomar decisiones verdaderamente informadas, no solo basadas en la cercanía geográfica o en la reputación informal de las escuelas.

Vinculado con esto, se debe establecer un Sistema Estatal de Evaluación de Aprendizajes que conecte el proceso de preinscripción con información verificable sobre el desempeño académico de las escuelas. No se trata de estigmatizar a ninguna institución, sino de permitir a las familias tomar decisiones basadas en evidencia sobre dónde tienen más posibilidades sus hijos de recibir educación de excelencia. Esta transparencia también generaría incentivos para que las escuelas mejoren, porque sabrían que su reputación depende de resultados verificables y no solo de percepciones.

Para garantizar que ninguna familia quede excluida del proceso digital, el estado debe destinar recursos específicos para dotar de Internet gratuito a todas las comunidades escolares, transformando a las escuelas en nodos de conectividad comunitaria. Es necesario implementar programas de alfabetización digital para familias, no solo para estudiantes, porque son los padres quienes realizan estos trámites. Y debe existir un programa de distribución de dispositivos en préstamo para realizar trámites educativos, de manera que una familia sin computadora pueda solicitar temporalmente un equipo para completar la preinscripción.

El blindaje del proceso contra la corrupción requiere auditorías ciudadanas serias. Esto implica publicar el código fuente del sistema de asignación para que programadores independientes puedan verificar que no existen sesgos ocultos, crear un consejo ciudadano de vigilancia del proceso integrado por organizaciones de la sociedad civil y académicos especializados, realizar auditorías técnicas independientes anuales con metodologías reconocidas internacionalmente, y publicar estadísticas completas y desagregadas del proceso que permitan análisis rigurosos por parte de investigadores y periodistas.

La digitalización debe extenderse a todos los trámites educativos. Los certificados y constancias, las becas y apoyos económicos, los reportes de evaluación, el seguimiento de trayectorias escolares completas desde preescolar hasta educación media superior y un sistema de quejas deben estar disponibles digitalmente. Esto generará también bases de datos valiosas para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Se deben implementar mecanismos rigurosos de rendición de cuentas. Esto incluye medir y publicar el tiempo promedio de respuesta del sistema, establecer indicadores de satisfacción ciudadana medidos de manera independiente, crear consecuencias institucionales claras por fallas en el servicio que no se limiten a disculpas, sino que generen mejoras reales y garantizar atención en horarios extendidos durante el periodo de preinscripciones.

Finalmente, es imperativo proteger los datos personales de las familias. Esto requiere implementar protocolos estrictos de ciberseguridad certificados internacionalmente, garantizar que los datos no sean compartidos con terceros ni utilizados para fines distintos al proceso educativo, crear mecanismos de verificación de identidad seguros que prevengan suplantaciones, e informar claramente sobre el uso de la información recopilada, cuánto tiempo se conservará y en qué condiciones se puede eliminar.

La digitalización de las preinscripciones es un medio: el verdadero objetivo es garantizar que cada niña, niño y joven en Michoacán ejerza plenamente su derecho a estar, tener un lugar asegurado en una escuela digna, segura y cercana a su hogar; su derecho a aprender, desarrollar conocimientos, habilidades y valores en un ambiente de calidad con maestros valorados, dotados de las mejores condiciones posibles para su ejercicio vocacional y motivados; y su derecho a participar, ser protagonista de su propio proceso educativo y tener voz en las decisiones que le afectan.

Las preinscripciones digitales facilitan el "estar", aseguran que haya un espacio físico para el estudiante. Pero no garantizan el "aprender" ni el "participar". Michoacán tiene 12,795 escuelas y 1,247,021 alumnos en todos los niveles educativos. Los desafíos van mucho más allá de la inscripción. La infraestructura deteriorada, con escuelas que carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad o sanitarios dignos. Los maestros sin formación continua adecuada, abandonados a su suerte sin acompañamiento pedagógico ni actualización sistemática. La ausencia de evaluaciones de aprendizaje que permitan saber si los estudiantes realmente están desarrollando las competencias necesarias. La violencia en las comunidades escolares, tanto del crimen organizado como del bullying entre estudiantes. Y un rezago educativo del 25.7% de la población que no ha completado la educación básica. Estos problemas no se resuelven con una plataforma digital, requieren inversión sostenida, políticas integrales y voluntad política genuina.

Sin embargo, no podemos permitir que la novedad tecnológica oculte las profundas desigualdades estructurales que persisten en Michoacán. Una plataforma digital que excluye a más del 30% de las familias no es un triunfo completo, es un avance insuficiente que debe ser complementado con estrategias inclusivas. Un sistema que no se blinda contra la corrupción y el intermediarismo es vulnerable y corre el riesgo de reproducir en el mundo digital las mismas prácticas viciadas que existían en el mundo físico. Un gobierno que digitaliza trámites, pero no transforma aprendizajes está perdiendo el sentido de su misión fundamental.

Es momento para que la SEE continúe el camino hacia el e-gobierno integral, pero que lo haga de manera incluyente, sin dejar a nadie atrás. Que lo haga con transparencia, abriendo sus procesos al escrutinio ciudadano. Y que lo haga centrado en lo que realmente importa, en que cada niña, niño y joven michoacano aprenda con alegría, crezca con plenitud y sea feliz.

A lo largo de este análisis hemos identificado múltiples áreas de oportunidad. Aquí presentamos de manera sintética las ocho propuestas centrales que podrían transformar este primer paso en un verdadero sistema de e-gobierno educativo:

1. Implementar un sistema híbrido universal que mantenga opciones presenciales en todas las escuelas, establezca módulos de apoyo gratuito en bibliotecas y centros comunitarios, y capacite a personal escolar como facilitadores digitales.
2. Crear el "Clasómetro" Digital, una plataforma que integre información en tiempo real sobre disponibilidad de lugares, infraestructura, indicadores de aprendizaje, días efectivos de clase e incidencias de cada escuela.
3. Establecer un Sistema Estatal de Evaluación de Aprendizajes vinculado al proceso de preinscripción, permitiendo a las familias tomar decisiones basadas en evidencia sobre el desempeño académico real de las escuelas.
4. Garantizar conectividad universal destinando recursos para dotar de Internet gratuito a todas las comunidades escolares, implementar programas de alfabetización digital para familias y distribuir dispositivos en préstamo para trámites educativos.
5. Blindar el proceso contra la corrupción mediante la publicación del código fuente del sistema, la creación de un consejo ciudadano de vigilancia, auditorías técnicas independientes anuales y publicación de estadísticas desagregadas.
6. Extender la digitalización a todos los trámites educativos, incluyendo certificados, becas, reportes de evaluación, seguimiento de trayectorias escolares y mecanismos de quejas y denuncias.
7. Implementar mecanismos rigurosos de rendición de cuentas que incluyan medición de tiempos de respuesta, indicadores de satisfacción ciudadana, consecuencias institucionales por fallas y atención en horarios extendidos.
8. Proteger los datos personales mediante protocolos estrictos de ciberseguridad certificados internacionalmente, garantías de no compartir información con terceros, mecanismos seguros de verificación de identidad e información clara sobre el uso de datos.

Finalmente, a las autoridades educativas les decimos: celebramos su esfuerzo por modernizar el sistema, pero esta digitalización debe ser verdaderamente inclusiva. No basta con crear una plataforma tecnológica; es necesario garantizar que ninguna familia quede excluida. Implementen las propuestas aquí planteadas, abran sus procesos al escrutinio ciudadano y demuestren con hechos que la tecnología está al servicio de los derechos y no al revés.

Las preinscripciones digitales son apenas el comienzo. El verdadero desafío es construir un sistema educativo que garantice aprendizajes de calidad para todos, sin excepción. Un sistema que cierre brechas en lugar de ampliarlas. Un sistema que ponga a la infancia y la juventud en el centro de todas sus decisiones.

Después de dieciséis años de proponer e-gobierno educativo desde Mexicanos Primero Michoacán, sabemos que los cambios no ocurren por generación espontánea. Son producto de la exigencia ciudadana sostenida, de la vigilancia permanente, del trabajo colaborativo entre sociedad civil, gobierno y familias. Este primer paso debe convertirse en el inicio de una transformación profunda.

El Michoacán que queremos es posible. Un estado donde cada niña, niño y joven tenga acceso a educación de calidad, independientemente de su origen, su ubicación geográfica o su condición económica. Un estado donde la tecnología facilite el ejercicio de derechos en lugar de convertirse en barrera, donde cada niña, niño y joven pueda ejercer plenamente sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas michoacanas en las mejores condiciones posibles.

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